COPENHAGUE,
UNA CUMBRE
FALLIDA
CC.OO.
FreshPolitik Magazine · Número 6
El incremento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) a nuestra atmósfera es la causa principal de las alteraciones del clima que empezamos a percibir, cada vez con más evidencias. Esto es lo que la comunidad científica internacional ha constatado durante los últimos años, y lo que hace falta recordar ante los grupos de presión que todavía se obstinan en matizar, cuando no contradecir, los resultados de los diferentes estudios presentados.
Pocos fenómenos se están estudiando con tanta intensidad, y con tanto grado de consenso. Incluso representantes de entidades poco sospechosas de ser ecologistas de pro, como el Foro Nuclear o algunos fabricantes de vehículos, se apuntan con fervor a la causa de la defensa del clima.
Hace pocas semanas, en Copenhague, los estados de todo al mundo debían decidir en qué dirección se encaminaría la mitigación del cambio climático una vez superada la vigencia del Protocolo de Kyoto, es decir, a partir de 2012.
La cumbre sobre Cambio Climático de la ciudad danesa debía lograr un acuerdo en el cual se contemplaran y aplicaran las indicaciones de la comunidad científica internacional, que recomienda una reducción de emisiones de entre el 25 y el 40% respecto a 1990, para los países desarrollados. La Confederación Sindical Internacional, en la cual estamos integrados Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, defiende este necesario planteamiento.
Desde el sindicalismo internacional defendimos en Copenhague lo que denominamos “transición justa”. Este concepto tiene que ver con la negociación y planificación del cambio de modelo económico, considerando que la decadencia o la aparición de actividades afectarán a los trabajadores y las trabajadoras, principales actores de la producción de bienes y servicios. Por todo esto se hace imprescindible la participación de los agentes sociales en esta transformación hacia una economía baja en carbono.
Desde CCOO lo decimos con claridad: el resultado final de la reunión ha resultado fallido, se explique como se explique. La falta de ambición en los objetivos de un acuerdo legalmente vinculante, con garantía de reducción de las emisiones de GEI, no ayudan a evitar las consecuencias catastróficas del cambio climático. De esta manera, los líderes políticos mundiales han incumplido el compromiso adquirido hace dos años en Bali de llegar en el 2009 a un nuevo acuerdo multilateral con compromisos de reducción para los países desarrollados y objetivos que moderen el crecimiento de las emisiones de los países emergentes, con apoyo de las zonas más ricas.
La falta de este acuerdo, que tendría que haber sido ambicioso desde el punto de vista legal, será muy negativo para las víctimas del cambio climático, la mayoría localizadas en los países más pobres de la Tierra, y que poco han contribuido a la emisión de GEI.
Pero el calentamiento global también afecta concretamente a millones de trabajadores, afectados por las sequías, las inundaciones y los fenómenos climáticos extremos. Por la escasa ambición en la reducción de emisiones, peligra la oportunidad de emprender un cambio de patrones de producción y un cambio de modelo productivo, que podría crear millones de puestos de trabajo verdes y mejorar la calidad de vida, sin degradar más el entorno ambiental. Se debe añadir que se ha excluido a la sociedad civil de las negociaciones que se llevaron a término en Copenhague, de forma que se ha producido un atentado al diálogo social y un inaceptable intento de impedir la presión de la sociedad sobre las decisiones políticas. En esta reunión cumbre se ha roto con la larga tradición de participación de la sociedad civil en todos aquellos temas que tienen que ver con el cambio climático. Una participación que en su día hizo posible precisamente esta y de otras reuniones y el mismo Protocolo de Kyoto.
Con respecto al futuro de la agenda climática, las organizaciones sindicales consideramos que el proceso sigue vigente y que se deben mantener todas las exigencias para poder obtener un acuerdo legalmente vinculante, de la siguiente manera:
1.- Que el 1 de febrero los gobiernos de los países industrializados se comprometan a reducciones de emisiones siguiendo las recomendaciones de la IPCC, sensiblemente más elevadas que las prometidas actuales.
2.- Que la Unión Europea adopte, para esta fecha, el compromiso de reducir sus emisiones de acuerdo con las recomendaciones de la resolución del Parlamento Europeo del 25 de noviembre. La UE debe dirigir sus esfuerzos a presionar los EE.UU. y los países emergentes por tal que asuman compromisos significativos tanto en reducción de emisiones como en financiación de las políticas a largo plazo.
3.- Que siga el proceso de negociaciones multilaterales en el marco de Naciones Unidas, tanto bajo la Convención de Cambio Climático como del Protocolo de Kyoto, de forma que se pueda llegar a un acuerdo legalmente vinculante a la siguiente reunión. Este proceso multilateral debe mantenerse y reforzarse en el marco de Naciones Unidas y no puede ser sustituido por ningún grupo de países, como el G20, por poderosos que sean. Y más todavía de un G2.
4.- Que se mantengan en los textos de negociación las menciones a la transición justa y el trabajo decente.
5.- Que se ponga en marcha inmediatamente la financiación a corto plazo, distribuyendo la ayuda comprometida de 30.000 millones de dólares entre los países más vulnerables, con criterios de transparencia, participación de los afectados y transición justa y que se revise a la alza la financiación a medio plazo hasta llegar a los 100.000 millones de euros necesarios, de los cuales la UE debería comprometerse a aportar no menos de un tercio, siguiendo las orientaciones del Parlamento Europeo.
6.- Que se restaure la participación de la sociedad civil, con mecanismos y procedimientos claros y transparentes que garanticen esta participación.
Las personas trabajadoras tenemos un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Una buena parte del CO2 y de otros gases que provocan el calentamiento global (como el metano) son generados por los sectores productivos. Nuestro conocimiento del trabajo y la capacidad de intervención de los representantes sindicales permiten aplicar mejores prácticas por reconducir la situación. Pero todavía debemos disputar en la mayoría de los casos nuestro derecho de intervención con los empresarios. Todavía se debe democratizar a muchas empresas y administraciones.
Biel Mas· Jose Manuel Jurado
FreshPolitik Magazine · Número 6